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    El Hierro  -  Año: 17  - Número: 5780

Director: Sergio Gutiérrez

13 DE ABRIL 2021  -  Actualizado a las 16:29 h.

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Por Rubén Alemán Sánchez (*)

La Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Canarias estima en cerca de 3.000 los asesinados y desaparecidos en la Guerra de España y en los tenebrosos años que sucedieron al levantamiento fascista y criminal en todo el Estado y en nuestro país canario en particular.

La II República española, con sus luces y sus sombras ya que no estamos hablando de un sistema socialista pero sí de una serie de gobiernos – no olvidemos que también los hubo de derechas, como el presidido por Niceto Alcalá Zamora - que implementaron políticas muy avanzadas para la época, teniendo en cuenta los siglos de caciquismo y oligarquía que sufrió el Estado español y Canarias, supuso todo un ejemplo de dignidad para la humanidad toda.

Todavía hoy en día existe mucho miedo a la hora de hablar de aquella etapa en nuestra tierra: miedo en Fuencaliente, en Puntallana, en Arucas; en los bares de Agaete la gente habla bajito, en la Gomera se recuerda a media voz la represión,…

Es un deber de la izquierda canaria en todo lugar y momento hablar de lo que significó la II República española. Si bien no recogía el derecho a la autodeterminación de los pueblos sí establecía –lo cual supuso un avance para la época- el reconocimiento de la identidad de los pueblos que conforman el Estado español, aprobando los estatutos de autonomía de Galicia, Euskadi y Cataluña.

El canario, de Gil Roldán, no lo pudo ser precisamente por el advenimiento de la Guerra. A nadie se le escapa que la Constitución Española de 1931 era una constitución burguesa pero los siguientes artículos son expresión del avance revolucionario que supuso teniendo en cuenta el pasado de oligarquía y caciquismo del Estado español: Artículo 3º. El Estado español no tiene religión oficial. Artículo 6º. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.

Artículo 44º. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.

Artículo 46º. (…) La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el extranjero, las instituciones de cooperación; la relación económico−jurídica de los factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores.

De nuevo se habla de la Memoria Histórica aunque la extrema derecha política, económica y social diga que “no hay que remover el pasado”. Claro que ellos sí que saben dónde están sus muertos, los que impedían el cambio, los que no querían hablar de “socialismo”, a los que irritaba el concepto de “justicia social”, a los que no importaba que los terratenientes, latifundistas, aguatenientes, caciques y curas continuaran sojuzgando al pueblo español y al canario.

Y se habla justo cuando se estrena una muy buena película titulada “Los Girasoles Ciegos”, dirigida por José Luis Cuerda y basada en la novela homónima escrita por el fallecido Alberto Méndez. Los actores españoles Raúl Arévalo y Javier Cámara y la actriz Maribel Verdú protagonizan un auténtico drama de persecución ideológica y sexual de un “casicura” –diácono, lo llaman- a una mujer, esposa de un perseguido miembro de la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, cuyo único delito era oponerse al franquismo millongenocida, escondido en la ratonera en la que se convirtió a la postre su casa.

El diácono –“mitad cura, mitad soldado”- no cede en el intento de lograr los favores sexuales de la mujer –papel protagonizado por Maribel Verdú- y su odio hacia la URSS, la democracia y el socialismo es tal que sólo ve rojos con cuernos y rabo por doquier.

Pues bien, la ficción no supera a la realidad: en Canarias, cerca de 3.000 demócratas republicanos murieron asesinados por los hijos de Franco. Arrojados a la Sima de Jinámar, a los Pozos de Arucas, fusilados en los “paseos” o “sacas”, enterrados en las fosas comunes de Fuencaliente o Puntallana, lanzados a la marfea de Hermigua,…

Por eso, aquellos que dicen que “no hay que remover el pasado” lo dicen porque la conciencia negra de los herederos de los asesinos impide la voluntad de desvelar qué fue lo que ocurrió pues se trata, sí, de recordar que el gobierno legítimamente elegido del Frente Popular el 16 de febrero de 1936 fue objeto de un golpe de estado criminal por parte de la derecha más reaccionaria, con lazos consanguíneos con el fascio italiano de Mussolini y el nazismo alemán de Hitler.

O simplemente, dar sepultura a los que un día lucharon por la democracia y la libertad.

(*) Unidad del Pueblo

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11/9/2008 (11:25 horas)
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