Según recoge el periódico La Opinión de Tenerife, Luis del Río también acusa de los mismo delitos y solicita las mismas penas para Manuela Padrón Hernández y José Miguel León Quintero, pues en su calidad de tenientes de alcalde participaron en la comisión de gobierno que aprobó "por unanimidad" la operación el 15 de marzo de 1999. "Todos actuaron con pleno conocimiento de los informes negativos de la técnico municipal y del interventor-secretario", aseguró el fiscal.

La acusación pública considera que lo tres procesados "querían lucrar al vendedor de los terrenos a costa de la hacienda local porque las pruebas son claras y contundentes", aseguró del Río en su informe final. Luego añadió que "este tipo de conductas corruptas es lo que genera el desprestigio de las instituciones”, dijo.

Según el citado diario tinerfeño, en su declaración, Agustín Padrón Benítez, alcalde de Valverde de El Hierro y diputado autonómico del PP, apeló al "interés general", el "futuro" de su localidad y el "precio de mercado" para justificar el pago de 182.707 euros por una parcela que la arquitecta de la Corporación valoró para su adquisición en 39.065 euros.

El alcalde sostuvo que compró la parcela en 1999 para satisfacer una demanda vecinal y solucionar la escasez de aparcamientos en el Pozo de Las Calcosas, una zona de Valverde que creció en la década de los 80 de "manera vertiginosa" y en la que se pagaban "cantidades desorbitadas por los terrenos", dijo Agustín Padrón ante el tribunal.

El alcalde formalizó la compraventa en escritura pública el 1 de julio de 1999 con la empresa Fronpeca. Pagó al empresario 182.707 euros, un precio cuatro veces superior al fijado por los técnicos municipales en los dos informes emitidos sobre la inconveniencia de ejecutar esa operación urbanística, la cual se ejecutó en una parcela que era de 5.000 metros cuadrados y estaba afectada casi en su totalidad por la Ley de Costas, según testificaron durante el jucio los guardias civiles que participaron en la investigación.

El primero de esos dictámenes está fechado el 17 de diciembre de 1998. La arquitecta tasó la parcela en 39.065 euros. Luego, el 8 de marzo de 1999, el secretario e interventor dejó constancia en otro documento de la "desproporción existente" entre ambos precios, incluso señaló que la oferta del empresario era "gravosa" para la hacienda local.

Según La Opinión de Tenerife, los dos técnicos, Juan Pablo Martín González y María Nieves Padrón García, ratificaron ayer sus conclusiones, las cuales también fueron refrendadas por el perito judicial Juan Jesús Cabrera Oliva. Por eso el fiscal entiende que existen pruebas "contundentes" para elevar a definitivas sus conclusiones provisionales.

Además, el secretario indicó en su informe la posibilidad de adquirir el terreno mediante otras vías, entre ellas la expropiación forzosa, y resaltó que la parcela elegida no era idónea para la operación urbanística proyectada "por no ajustarse al Plan General de Ordenación Municipal". Y es que de los 5.000 metros cuadrados del terreno, 500 metros estaban clasificados como suelo urbanizable no programado y el resto se encontraba afectado por la Ley de Costas.

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