Una veintena de familias de El Hierro se ha sumado a la denuncia interpuesta por la Liga Anticorrupción de Canarias por la adjudicación de las 26 viviendas de protección oficial de Valverde, donde se ha pedido revisión y transparencia en cada uno de los adjudicatarios de las viviendas como de los que no accedieron a las misma.

En un comunicado, la Liga informa de que “familias herreñas mantuvieron una asamblea con el coordinador regional, Domingo Martín, donde compartieron su sentir ante lo que consideramos una manipulación interesada, una discriminación negativa, por parte de los organismos responsables a los colectivos con más necesidad de vivienda”.

Según la Liga, en dicha asamblea popular, “quedó demostrado que no se cumplieron algunos de los requisitos exigidos por Ley, como que nunca hubo un estudio presencial por ningún técnico social, nadie tocó en la puerta de sus viviendas actuales, para ver in situ su calidad de vida, como que se negaron dar cabida en el supuesto sorteo de las viviendas (con presencia pero sin bombo) a algunos ciudadanos que cambiaron su residencia en el último año, pero sí en cambio se entregaron viviendas a ciudadanos que siguen manteniendo la titularidad de su vivienda y la residencia fuera del municipio, y de la isla, quedando claramente manifiesto que unos somos hijos y otros entenados”, explica la Liga.

“Ante todo este malestar, no queda otra que seguir buscando claridad y transparencia en la adjudicación de las 26 viviendas de Valverde pues en un número importante (que no todos) de las mismas hay suficientes datos documentales y testimonios que nos llevan a dudar de la transparencia en dicho sorteo”, añade la Liga Anticorrupción.

Para el coordinador regional de la Liga Anticorrupción, Domingo Martín, la entrega de las casas “se desarrolló mediante un sorteo puesto en marcha por primera vez en este proceso que designa al propietario de la vivienda. De las 26 viviendas que se adjudicaban, 24 entraban a sorteo, una se adjudicaba de forma directa para el grupo de movilidad reducida y otra se entregaba como piso tutelado al Ayuntamiento para proyectos de interés social”, explica.