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    El Hierro  -  Año: 17  - Número: 5780

Director: Sergio Gutiérrez

13 DE ABRIL 2021  -  Actualizado a las 16:29 h.

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Tengo una pregunta sin respuesta: ¿por qué esta Consejería de Educación y este Gobierno Clavijo en minoría se resisten a adoptar las propuestas que aprueba el Parlamento, algunas incluso con el apoyo de CC? El Gobierno se comporta como una pieza desencajada.

Formar parte de la gran maquinaria que gestiona la educación pública canaria debería ser un honor, ya sea desde la limpieza y mantenimiento de los centros, la administración, la docencia, los padres y madres o las direcciones políticas. Esa maquinaria, cada engranaje, afina o desafina la formación intelectual, cultural y humana de la siguiente promoción de estudiantes; por tanto, afina o desafina el nivel social (el tipo de trabajo, los salarios e inquietudes) del archipiélago que está por venir a medio plazo.

El Parlamento es uno de esos engranajes de la gran maquinaria que gestiona la educación pública canaria. El PSOE ha defendido en los últimos meses cuatro propuestas centrales para mejorar el ‘afinado’ del curso 2017-2018. Algunas han contado con el apoyo mayoritario de la Cámara y otras con su respaldo unánime. Es decir, el engranaje funciona hasta que llega la hora del Gobierno que, en su huida hacia adelante, ignora las soluciones para la educación pública que aprobamos en el Parlamento.

Es entendible así que los y las socialistas acojamos con sentimientos contrapuestos que el Gobierno, finalmente, haya asumido para su gestión al menos una de esas cuatro propuestas centrales, y este curso comience con un aumento de plazas de profesorado (aunque sigue siendo de las peores comunidades autónomas en cuanto a ratio de alumnos por profesor).

Haber conseguido que Educación aumente las plazas de profesorado en el curso 2017-2018 es positivo, pero como suele ocurrir con este Gobierno, las alegrías se quedan muy a medias cuando el equipo de Clavijo también ignora la creación de becas para Educación Infantil de 0 a 3 años, continúa la privatización de los comedores escolares y retrasa la modificación del Decreto sobre vivienda vacacional.

Esas han sido las cuatro propuestas centrales del PSOE para este curso, en línea con lo que hizo Educación en la pasada legislatura: la ampliación de la plantilla docente, la creación de una bolsa de cuatro millones de euros para becas destinadas a niños de 0 a 3 años, la recuperación de los comedores escolares públicos en lugar de los catering (para mejorar la alimentación de los alumnos cocinando en el propio centro) y la mejor regulación de las viviendas vacacionales que en islas como Lanzarote y Fuerteventura impiden a los docentes alquilar un piso durante el curso.

En cuanto a las becas para Educación Infantil de 0 a 3 años, el PSOE propuso crear una bolsa de más de 4,1 millones de euros para familias con menores a cargo. Logró su aprobación en el último Debate de la Nacionalidad (2017), pero su posterior materialización en la Ley de Crédito Extraordinario, en la que Educación dispuso de 50 millones, fue rechazada por CC y otros grupos en ese momento afines al Gobierno.

Los socialistas consideramos que la decisión de incorporar a estos niños y niñas a la primera etapa educativa no debe depender de su capacidad económica sino de criterios exclusivamente pedagógicos o personales.

El Gobierno Clavijo en minoría tampoco secundó nuestra iniciativa parlamentaria de recuperar la gestión pública de los comedores escolares, tanto por criterios dietéticos para los alumnos como por razones laborales. De hecho, este próximo curso no sólo no recupera comedores, sino que privatiza siete más.

El Partido Socialista presentó varias enmiendas a una PNL de Podemos para hacer posible que los consejos escolares soliciten el cambio de gestión directa de los comedores escolares externalizados a través de un catering, y la comida del alumnado pase a cocinarse in situ con personal público.

Sacamos adelante en el Parlamento una propuesta muy completa y útil que otorga a los consejos escolares la capacidad de cambiar políticas silentes de privatización en los centros, y que afectan tanto a los alumnos como a los trabajadores, pero una vez más esa propuesta se ha estancado en el Gobierno y en su falta de voluntad o de capacidad para ejecutar los acuerdos parlamentarios.

Debo recordar un hecho que también complica el buen desarrollo del curso 2017-2018. El decreto del Gobierno de Canarias que regula la vivienda vacacional es uno de los causantes de la escalada de precios de los alquileres de viviendas en las zonas residenciales próximas a las zonas turísticas y, de forma general, en Lanzarote y Fuerteventura.

Así es casi imposible que un docente asignado temporalmente, por ejemplo, a Corralejo pueda pagar un alquiler en Fuerteventura y mantener su residencia familiar en otra isla. Pero el equipo de Clavijo, con la sentencia en la mano, prefiere dilatar la solución para las familias de docentes y trabajadores de hostelería que son los colectivos más afectados por esta nueva actividad económica y un decreto mal planteado.

Le reconozco a la consejera de Educación que asumiera al menos una de las cuatro iniciativas parlamentarias planteadas por el PSOE para mejorar las condiciones de este nuevo curso.

También, resalto que prestara atención (ella o su homóloga de Hacienda) a mi sugerencia para que pagara cuanto antes al personal docente no universitario los sexenios que le corresponden, sin esperar al año electoral como acaban de hacer. Queda demostrado que la maquinaria funciona cuando todos los engranajes trabajan para un mismo objetivo: afinar la educación pública de Canarias.

(*) Portavoz Educación Grupo Parlamentario Socialista.

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5/9/2017 (11:58 horas)
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