El Ministerio de Trabajo del Gobierno de España destinará en 2020 un total de seis millones de euros (el doble que en 2019) para atender las necesidades básicas de los españoles nacidos en Venezuela, que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el país bolivariano, según aseguró a 'Crónicas de la Emigración' el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Caracas, José Francisco Armas.

Mujeres embarazadas, lactantes, menores de 12 años, personas con dolencias crónicas y enfermos oncológicos, constituyen el principal grupo de beneficiarios de este plan especial de choque que el Ministerio de Trabajo puso en marcha, por primera vez, en febrero de este año y que contempla ayuda socioasistencial y una cuantía económica.

El consejero laboral confía en que antes de que acabe el año o a principios del que viene, se apruebe el real decreto para 2020 con la cantidad propuesta desde esta Consejería.

Las ayudas del Gobierno central a Venezuela parten de la necesidad que emana de la situación del país, que atraviesa por una etapa "muy difícil", asegura Armas, quien enfatiza el hecho de que, por primera vez, se haya puesto en funcionamiento una iniciativa de estas características para atender a los descendientes de españoles nacidos ya en Venezuela.

Se trata de un plan "muy interesante", porque "si un español necesita de una intervención quirúrgica urgente, se le puede resolver por este plan especial", aclara el consejero.

Frente a los mayores de 65 años nacidos en España que residen en el país bolivariano y que tienen sus necesidades básicas cubiertas gracias a la ayuda que les presta la Fundación España Salud (FES) –lleva funcionando 13 años y cuenta con un presupuesto de más de dos millones de euros para atender a algo más de 7.000 mayores emigrados a Venezuela en situación de vulnerabilidad–, Armas contrapone la situación de este colectivo, carente hasta el año pasado de las prestaciones básicas, y para el que el Ministerio de Trabajo ha decidido habilitar este plan especial, orientado a proporcionarles cobertura sanitaria y de tipo alimenticio.

A través de lo que se conoce como 'tarjeta de alimentos', cuando finalice 2019, alrededor de 6.400 personas habrán recibido una ayuda por este programa que podría elevar a 10.000 el número de beneficiarios de la tarjeta en 2020.

Más de 50 mujeres embarazadas, 132 niños y 330 enfermos oncológicos han sido atendidos a lo largo de este año gracias a esta iniciativa que Armas considera "muy importante en Venezuela" y por la que cada uno de los beneficiarios percibe una cuota mensual de 25 euros. Dicha cantidad se les ingresa en una tarjeta de la que van sacando dinero a medida que lo necesitan. La tarjeta está dispuesta de tal manera que imposibilita su uso en el caso de emplearla en productos inadecuados, como bebidas alcohólicas.

Al cambio, los 25 euros que reciben de la Consejería están entre 1,4 o 1,5 millones de bolívares, lo que supone cuatro o cinco veces el salario mínimo en Venezuela, que ronda los 300.000 bolívares mensuales (entre el salario base y la ayuda en bonos de alimentación que les dan las empresas a los trabajadores), según revela el consejero.

Con ambas pagas, se las arreglan para comprar leche, harina de arepa, jamón, pollo, huevos y algo de verdura y fruta.

Pero lo cierto es que todo está "muy caro" en Venezuela y los precios de los alimentos "suben de hoy para mañana", confirma Armas, para quien, la cantidad aportada no permite grandes alardes y da para alimentarse "más o menos", porque "hay que ajustarse mucho para comprar", afirma.

El consejero habla de "desproporción" entre el salario que se cobra al mes y los precios de los alimentos y pone como ejemplo que en el mes de septiembre hubiese sido necesario destinar el salario de 104 meses de trabajo para realizar una canasta básica, es decir, para llenar la cesta de la compra.

Publicidad