El Hierro  -  Año: 16  - Número: 5649

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ACN press, Madrid (8/2/2007. 15:40 horas)

La Unión de Consumidores de España (UCE) ha convocado una jornada de "rebelión" de los consumidores el próximo 1 de marzo bajo el lema "Un día sin móvil y por la libre competencia en España", con la que se quieren denunciar los "abusos" de las operadoras de móviles y sus estrategias para compensar la caída de ingresos que provocará el fin del redondeo, y los excesos detectados en otros sectores como los párkings o la vivienda.

En total, la UCE estima que los abusos en servicios facturados y no utilizados en 2006 generaron unos beneficios para las empresas de 2.887 millones de euros, o lo que es lo mismo, cada familia desembolsó en concepto de claúsulas abusivas una media de 500 euros.

El objetivo de la organización, que el próximo lunes aprovechará la reunión del Consejo de Consumidores para sumar al resto de asociaciones de Consumidores a su "día de lucha", es "canalizar el cabreo" de los usuarios tras los últimos anuncios de subidas de los precios de la telefonía móvil y conseguir que den marcha atras en sus pretensiones.

El medio, que los ususarios dejen sus móviles en casa. Dacio Alonso, portavoz de la UCE, aseguró hoy en Madrid que la organización no quiere que la protesta sea "testimonial", sino que sirva para que las operadoras se "tienten la ropa" antes de decidir sus movimientos.

El detonante de la protesta ha sido el anuncio de la subida del coste de establecimiento de llamada de las tres operadoras dominantes (Movistar, Vodafone y Orange) desde los 12 a los 15 céntimos, diseñada para compensar el fin del redondeo desde el 1 de marzo.

Según Alonso, las operadoras, que entre 1999 y 2005 se han embolsado 4.500 millones de euros gracias al redondeo, han pactado la subida de precios "se hayan sentado o no a la misma mesa para hacerlo", por lo que han presentado una denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y el ministerio de Sanidad, ya han anunciado que investigarán la subida para saber si hubo concertación de precios.

Pero por si fuera poco, los consumidores tienen otro frente abierto con las operadoras. El pasado año, y según Dacio, previendo las consecuencias del fin del redondeo, Movistar y Vodafone modificaron "de forma unilateral" los contratos de sus clientes, de forma que su fuga a otros operadores antes de completar un periodo de 18 meses les costará 150 euros. La legalidad de esta cláusula, que está siendo investigada por la CMT, la Comunidad de Madrid y el Servicio de Defensa de la Competencia, no está clara, según Dacio.

UN MILLÓN DE RECLAMACIONES EN CUATRO AÑOS

El sector de la telefonía, que en los últimos cuatro años ha provocado un millón de reclamaciones a las organizaciones de consumidores, ha sido el detonante de la jornada de protesta, pero no el único. UCE denuncia que la facturación por hora/fracción en los parkings, que permitió a las compañías embolsarse el pasado año 27 millones por servicios no prestados, o los 2.060 millones que tuvieron que abonar los compradores de casa en concepto del pago de plusvalía, subrogación hipotecaria y enganches de agua, son otros ejemplos de abuso a los que pondrá fin la Ley de mejora de la protección de los consumidores aprobada a finales del pasado año, una ley "excelente" que el Ejecutivo "tiene que hacer cumplir y los consumidores tienen que defender".

Dacio denunció que, en previsión de la entrada en vigor de la Ley, desde principio de año, los precios de los parkings han subido una media del 20 por ciento para compensar el fin del redondeo, que se aplicará en los estacionamientos privados desde junio y en los de concesión administrativa desde septiembre. El portavoz de UCE denunció además que el sector ya se está organizando para compensar el descenso de ingresos. En el caso del sector de la vivienda, la eliminación de las claúsulas abusivas, que entrará en vigor el 1 de marzo, previsiblemente "será compensada por los promotores" con alzas del precio de la vivienda, vaticinó.

En opinión de Dacio, para quien el Ejecutivo está más preoocupado "por los intereses económicos de las empresas que por garantizar los derechos de los consumidores", la clave de todos los problemas es la "manifiesta falta de competencia" en España.

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