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    El Hierro  -  Año: 17  - Número: 5738

Director: Sergio Gutiérrez

2 DE MARZO 2021  -  Actualizado a las 09:58 h.

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Por Luciano Eutimio Armas Morales

La mayoría de los ciudadanos de este país desean tener un trabajo digno, una adecuada cobertura sanitaria para la familia, un buen sistema educativo en el que sus hijos tengan las mismas oportunidades que los hijos de otros ciudadanos, que su seguridad física y jurídica sea defendida por instituciones que funcionen razonablemente bien, y que en un clima de libertad, tolerancia y solidaridad, la convivencia sea pacífica y enriquecedora para todos.

Para obtener ese conjunto de servicios y derechos renuncian aproximadamente al cincuenta por ciento del rendimiento de su trabajo o su capital, que en forma de impuestos directos e indirectos, tasas y seguros sociales, los transfieren a otros ciudadanos a los que llaman políticos, para que se los administren de forma transparente, eficiente y justa, conformando lo que se ha dado en llamar la sociedad del bienestar.

Es algo muy fácil de entender, ¿No?

Esos ciudadanos a los que llamamos políticos, son unos administradores de nuestro dinero y nuestro bienestar, para la cual les pagamos y les otorgamos determinados poderes y privilegios. Ahora bien, en cualquier ámbito, el apoderamiento se confiere siempre con limitación a circunstancias o tareas determinadas, con mecanismos de control del uso que se hace del mismo, y que puede ser revocado en cualquier momento si el apoderado pierde la confianza del poderdante. ¿No es así?

Se supone que los administradores, es decir, esos ciudadanos a los que llamamos políticos, deben cumplir su función respetando el mandato recibido y atendiendo prioritariamente a los deseos y preocupaciones de los ciudadanos a los que representan.

¿Y cuáles son los deseos y preocupaciones de los ciudadanos respecto a sus administradores?

Según una reciente encuesta de Metroscopia, el 85,% de los ciudadanos desearían que las listas electorales fuesen abiertas. El 87,% cree que los gobiernos se esfuerzan más en controlar la justicia en su propio beneficio, que en garantizar su independencia. El 88,% piensa que ningún cargo público debe seguir desempeñando sus funciones, desde el momento en que sea imputado por un posible delito, sin esperar la sentencia final.

El 93,% piensa que las personas que encabecen una lista, deben ser elegidas en elecciones primarias. Y el 95,% de los ciudadanos cree que los diputados deberían votar siempre en conciencia y el interés de sus votantes, y no según lo que le ordene su partido.

¿Cuántas de estas propuestas han sido recogidas por los dos partidos que han gobernado en este país desde 1982? Ninguna.

El divorcio tan grande entre la sociedad civil y sus representantes tiene su origen en que el documento contractual que regula su relación (La Constitución), fue redactado por los políticos con cláusulas abusivas a su favor en detrimento de los derechos de los ciudadanos, lo que ha provocado un proceso degenerativo de la democracia que nos ha llevado a la actual situación en la que un partido político imputado por corrupción, está gobernando este país utilizando la justicia y hasta el CNI para protegerse, y legislando a favor de una minoría de amigos o privilegiados, tratando además de modificar las leyes electorales a su conveniencia para perpetuarse en el poder.

Como no se trata de algún caso aislado, sino que la corrupción está tan extendida y generalizada y que los políticos no gestionan con eficiencia y transparencia sino en beneficio de sus allegados y de sí mismos con frecuente impunidad, está claro que la solución no está en cambiar unos corruptos por otros potencialmente corruptos, sino en revocar los poderes concedidos y modificar el documento contractual (La Constitución), de tal forma que pueda recoger las demandas de la mayoría de los ciudadanos que se expresan tan claramente en esta encuesta y en otras: listas abiertas, justicia independiente, intolerancia con la corrupción, responsabilidad societaria y solidaria con su propio patrimonio cuando un político hace una mala gestión, transparencia en la administración, elecciones primarias, límite y posibilidad de revocar mandatos…

Vaya por delante, Juan Fernando, mi admiración, aprecio y respeto a quien considero podía haber sido, y aún puede ser, el mejor Presidente del Gobierno de Canarias por su cualificación, incuestionable honestidad y defensa de un ideario progresista. Pero dicho esto, quiero manifestar mi discrepancia con alguna de tus opiniones vertidas en artículo publicado en “La Provincia” el 14.09.14 referentes a Podemos.

Dices que Podemos ha recibido apoyo indirecto por parte de la derecha política y mediática, opinión que comparto porque formaría parte de una estrategia de división de la izquierda. Y dices que la propuestas de Podemos son disparatadas y no son creíbles, aunque reconoces que en parte se debe al hartazgo e incluso la náusea que producen los partidos políticos tradicionales.

Ciertamente, Podemos es un movimiento joven, y como tal, viene cargado de ilusiones, de vigor, de entusiasmo, de generosidad y con altas dosis de ingenuidad que les puede hacer cometer errores, lo cual es propio de la juventud. Pero lo de verdad relevante es que se encuentran con el siguiente panorama:

1- La manifiesta incapacidad de Rajoy, funcionario gris y mentiroso, de liderar el cambio con la ilusión y la transparencia que los ciudadanos demandan y de cumplir con las obligaciones contractuales expresadas en su programa electoral. En cambio, actúa sin referencias morales ni políticas y orienta su actuación a beneficiar y proteger a sus afines y a sí mismo y tratar de perpetuarse en el poder.

2- La manifiesta incapacidad del PSOE de articular una oposición contundente y creíble, y de liderar esa regeneración ética y democrática que los ciudadanos demandan, sino que muy al contrario, es percibido como cómplice por acción o por omisión, cuando no colaborador necesario, de la deriva regresiva en derechos, libertades e igualdad del gobierno que padecemos.

3- La manifiesta incapacidad de los ciudadanos de poder revocar los poderes concedidos a los políticos a pesar del manifiesto incumplimiento contractual de los mismos, que de forma arbitraria y prepotente justifican su actuación apelando a que los ciudadanos le dieron un cheque en blanco con caducidad al cuarto año.

¿Y qué pueden hacer algunos ciudadanos con ese panorama?

Rechazar el sistema político y el proceso de otorgamiento de poderes vigente, (La Constitución), y poner la esperanza de un cambio real en quien propone otro sistema que garantice lo expresado en el primer párrafo de este escrito. Ni más, ni menos.

Es una lástima que los políticos “tradicionales” no lo entiendan.

Si el PSOE quiere ganar la confianza de los ciudadanos, no lo podrá hacer con personajes teledirigidos y programado para no pisar callos a los poderosos, en el que prevalece la imagen y lo superficial sobre lo sustancial, y que en lugar de propiciar una renovación profunda y atacar con contundencia al PP por lo que han hecho, atacan a Podemos por lo que sueñan.

A fin de cuentas, la frivolidad y superficialidad de participar en un programa de TV como “Sálvame”, no está muy distante de participar como tertuliano en otro con Belén Esteban. ¿Esa es la medida?

Creo que es algo muy fácil de entender, ¿No?

lucianoeutimio@yahoo.es

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29/9/2014 (13:11 horas)
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Un crédito para salvar los muebles electorales#
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