El Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes de El Hierro, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha acogido una conferencia sobre legislación sanitaria, organizada por el Instituto de Formación Médica Continuada del Colegio Oficial de Médicos de Tenerife.

El conferenciante, Enrique Palacio Abizanda, es jefe de servicio de Endocrinología del Hospital Nuestra Señora de Candelaria y licenciado en Derecho, que bajo el título "26 años de la Ley General de Sanidad. ¿Y ahora qué?" profundizó sobre diferentes aspectos de la realidad sanitaria actual.

Enrique Palacio comenzó recordando que el derecho a la protección de la salud y la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, se consagra como principio rector de la política social y económica en el artículo 43 de la Constitución Española, que reserva a la ley el establecimiento de los derechos y deberes de todos al respecto.

En este sentido, indicó que la creación del Sistema Nacional de Salud ha sido uno de los grandes logros de nuestro Estado del Bienestar, dada su calidad, su vocación universal, la amplitud de sus prestaciones, su sustentación en el esquema progresivo de los impuestos y la solidaridad con los menos favorecidos, lo que le ha situado en la vanguardia sanitaria como un modelo de referencia mundial.

Sin embargo, explicó que la ausencia de normas comunes sobre el aseguramiento en todo el territorio nacional, el crecimiento desigual en las prestaciones del catálogo, la falta de adecuación de algunas de ellas a la realidad socioeconómica y la propia falta de rigor y énfasis en la eficiencia del sistema, han conducido al Sistema Nacional de Salud a una situación de grave dificultad económica sin precedentes desde su creación.

En este contexto, destacó que se hace “imprescindible la adopción de medidas urgentes que garanticen su futuro y que contribuyan a evitar que este problema persista”.

El doctor Enrique Palacio realizó durante la primera parte de la conferencia una descripción del sistema sanitario español, destacando que su sostenibilidad está en riesgo. Además, repasó el panorama de la contribución financiera del usuario sanitario en Europa, la evolución del gasto sanitario y farmacéutico en España y la sostenibilidad de los Sistemas Nacionales de Salud.

En la segunda parte de la conferencia hizo un recorrido por todas las medidas que el Gobierno de España ha decretado hasta el momento y habló sobre la regulación de la condición de asegurado. También comentó la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud desde una perspectiva que “permita gestionar mejor la realidad asistencial en España, donde coexiste un entramado jurídico administrativo que reduce la transparencia y dificulta la ejecución, disminuyendo, en consecuencia, la eficiencia en su aplicación, y donde se dé cabida a la actuación objetiva basada en un riguroso análisis coste-efectividad que proporciona la red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones del Sistema Nacional de Salud”.

Según el conferenciante “esta reforma pretende reconducir esta situación hacia la homogeneidad entre los servicios de salud, así como hacia la claridad, trasparencia e información a la ciudadanía para que pueda conocer con exactitud el alcance de la cobertura de sus derechos”.

Por último, el doctor Enrique Palacio abordó la financiación de medicamentos y productos sanitarios en el Sistema Nacional de Salud, “el cual es uno de los grandes desafíos actuales”. Según Palacio, “resulta necesario, más que nunca, que las decisiones de financiación estén presididas por los criterios de evidencia científica de coste-efectividad y por la evaluación económica, con consideración del impacto presupuestario, en la que se tenga en cuenta un esquema de precio asociado al valor real que el medicamento o producto sanitario aporta al sistema”. Este principio de austeridad, concluyó, “obliga a actualizar el vigente sistema de aportación por parte del usuario y exige introducir cambios en el mismo, de modo que se adecue al actual modelo de financiación del Sistema Nacional de Salud por los Presupuestos Generales del Estado”.