DIARIOELHIERRO.ES, Valverde (20/9/2008. 17:53 horas)

El Sindicato Obrero Canario Fsoc-El Hierro anunció este sábado su intención de impugnar una hipotética ley del Gobierno de Canarias en la que dé cabida a disposiciones para legalizar los hoteles y apartamentos con licencias anuladas por los tribunales.

El colectivo rechaza un instrumento de "punto final" que autorice actuaciones con sentencias judiciales en contra. La secretaria jurídica del Fsoc se basa en el anuncio de la Consejería del Política Territorial del Gobierno de Canarias de impulsar la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes en la que podrían incluirse disposiciones para legalizar los hoteles y apartamentos declarados ilegales por los tribunales.

En este sentido, recuerda que las sentencias emitidas por los tribunales que anulan las licencias "han venido a demostrar que los pleitos interpuestos por la Fundación César Manrique y el Cabildo de Lanzarote acertaron al denunciar una operación masiva y sistemática de fraude en la concesión de licencias turísticas y residenciales en Yaiza y Teguise".

EXIGENCIAS

Por ello, el Fsoc entiende que la Ley de Medidas Urgentes "supondría un cambio radical de rumbo" en cuanto al modelo turístico y conllevaría un "retroceso" en la política de protección del territorio y contención del crecimiento turístico, "que acarrearía graves consecuencias".

Además, el Fsoc cree que se pretende "crear una norma para unos pocos privilegiados, demostrando claramente que no se legisla de la misma manera para todos los ciudadanos".

El Sindicato destaca que la Isla de El Hierro "cuenta aún con centenares de viviendas con expediente de derribo y multas millonarias, aunque algunas congeladas, siguiendo todavía en la alegalidad todas las que tuvieron dicho expediente".

Añade que sumando las miles de viviendas que se encuentran en la misma situación en todo el territorio canario, "superan las tres mil viviendas, pero éstas son de ciudadanos de otra clase social para este gobierno que dice llamarse de todos los canarios".

El Fsoc considera que ésta es "una política injusta que hace aumentar, desgraciadamente, la desconfianza hacia las instituciones públicas y sus gestores, además de una burla al principio de igualdad, legalidad y al amparo que ofrece el ordenamiento jurídico a todos los ciudadanos".

Además de rechazar las declaraciones del consejero Domingo Berriel en ese sentido, el Fsoc de El Hierro se suma a la FCM declarando "completamente inaceptable" un fundamento legal que "deja desamparadas a las administraciones públicas e instituciones que han interpuesto los recursos, pero sobre todo a los ciudadanos y empresarios que han cumplido la ley".