Una encuesta realizada por el Consejo Empresarial del Juego (CeJuego) ha revelado que la mayoría de la población adulta participa regularmente en juegos de azar en España. Según el estudio, el 84% de los españoles entre 18 y 75 años ha participado de alguna forma en juegos de azar durante el último año. Esto refleja la aceptación cultural de estas actividades y cómo se percibe el juego como una forma legítima de entretenimiento.

La diversidad en los tipos de juegos elegidos es bastante amplia. Mientras que un 66% de la población participa en juegos gestionados por el Estado, como las loterías, casi el 18% prefiere formas de entretenimiento disponibles en casinos y salones de juegos. Esto incluye los casinos online en España, como los que aparecen en las listas de Techopedia, que ofrecen una variedad de juegos de casino en versiones digitales o en vivo. Los juegos clásicos y las versiones modernas, así como la posibilidad de jugar desde cualquier lugar, han atraído a muchos jugadores en el país.

Esta variedad muestra un espectro cultural comparable a otras formas de ocio, como el teatro, que atrae a casi el 25% de la población, y la pintura, con algo más del 16%. Comparado con la música y la ópera, por ejemplo, los juegos de azar ocupan una mejor posición dentro del abanico de entretenimiento español. Pero, más allá del impacto cultural, el sector de los juegos de azar contribuye mucho a la economía. El juego privado aporta más de 1.700 millones de euros a las arcas públicas a través de impuestos y tasas especiales, además de emplear a unas 47.000 personas.

En términos de cantidad apostada a lo largo del año, las máquinas tragaperras experimentaron un crecimiento de casi el 14% y la ruleta de más del 42%. Los ingresos en los juegos en línea aumentaron un 28% en 2023, superando los 1.200 millones de euros. Estos números demuestran la importancia económica del sector, aunque hay otros aspectos que rodean a la industria. La introducción de la Ley 1/2020 de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana ha suscitado muchas preocupaciones.

Esta legislación establece una serie de medidas restrictivas, incluida una moratoria de cinco años para nuevas licencias de establecimientos de juego, a menos que se trasladen para cumplir con nuevos requisitos de ubicación. Además, la ley impone restricciones estrictas a la publicidad de los juegos de azar y exige controles de acceso rigurosos para proteger a menores y personas vulnerables. Las regulaciones también incluyen medidas para combatir el juego patológico, con la creación de una Comisión Técnica de Coordinación Interadministrativa en Materia de Juego, destinada a implementar y monitorear una Estrategia Valenciana Integral de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico. 

El director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, ha argumentado que la ley, en lugar de regular, prácticamente prohíbe el juego, lo que podría incentivar el mercado ilegal sin salvaguardas para los consumidores. Landaluce ha destacado la ironía de que una ley destinada a proteger a los consumidores pueda terminar perjudicándolos, además de amenazar empleos e ingresos fiscales. Y enfatiza que el juego privado, que es predominantemente una actividad de ocio, debe ser regulado de manera justa, conforme a su verdadero impacto y alcance en el mercado.