La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha dicho este viernes que la declaración del silbo herreño como Bien de Interés Cultural (BIC) es "imparable" una vez el propio Ejecutivo ya ha incoado el expediente. 

En respuesta a preguntas de PP y CC-PNC en comisión parlamentaria ha comentado que hay 24 meses de plazo si bien se ha comprometido a "agilizar" el proceso para que culmine antes de que acabe la Legislatura.

Armas ha negado que haya una "mano negra" ante los retrasos en la tramitación y ha apelado a trabajar juntos entre todos porque ningún silbo "es mejor que otro" y "es una maravilla" que en el archipiélago haya dos lenguajes silbados. 

La consejera ha relatado la historia del expediente y recordado que tras la solicitud cursada por el Cabildo de El Hierro en 2017 una sentencia del Tribunal Constitucional en diciembre de 2019, que anuló un artículo de la Ley de Patrimonio de Canarias, hizo "caducar" el expediente, que ahora se ha vuelto a reiniciar a iniciativa del propio Ejecutivo-el Cabildo lo volvió a reiterar en abril de 2020-. "No ha habido ninguna irresponsabilidad del Gobierno de Canarias", ha zanjado. 

Juan Manuel García Casañas (PP) ha criticado que la tramitación del BIC "se ha entorpecido" desde la Consejería de Educación como si fuera una "película de ciencia ficción" y cuando quedan siete meses para que acabe la Legislatura parece que "siempre hay algún inconveniente para aprobarlo".

Ha reclamado que se proteja "un bien de todos" que además está avalado desde el punto de vista científico por expertos independientes.

Narvay Quintero (CC-PNC) ha criticado las "contradicciones" de la Consejería y ha reconocido que "algo ha pasado con este expediente" a raíz de que el Cabildo haya cargado contra el "trato discriminatorio" que ha dispensado la Consejería. 

"Algo se ha hecho para que esto se retrase", ha comentado, subrayando que el Gobierno podía haber recurrido la sentencia del TC y en cambio, "se deja caer" el expediente.

Quintero ha negado que quiera buscar un "enfrentamiento" entre islas o entre instituciones pero ha incidido en que ha habido "dejación de funciones" que se deben "depurar" de ahí que haya solicitado por escrito toda la tramitación del BIC.