La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias penales y ha citado a declarar en calidad de investigados a la ex presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende Riera y al ex consejero de Obras Públicas, Luciano Eutimio Armas Morales, por un presunto delito de prevaricación administrativa en las obras del talud de la zona de la Playa de la Madera, en el municipio de La Frontera.

Así consta en el Oficio de diligencias procesales de investigación penal, con número de procedimiento 0000268/2021, al que ha tenido acceso DIARIO EL HIERRO.

La denuncia tiene que ver con las obras de tratamiento de taludes y mecanismo de protección sobre la carretera HI-500, en el conocido como Macizo de Bascos, unos trabajos que se llevaron a cabo, por la vía de urgencia, y con los informes negativos por parte de los servicios de Intervención del Cabildo de El Hierro.

La exposición de la Fiscalía recoge que, en el, año 2017, ante la proximidad de la Bajada de la Virgen, “provocó que el Cabildo de El Hierro acometiera una serie de obras con la intención de garantizar la seguridad de la vía, de forma que-prosigue el escrito de la Fiscalía-el 23 de mayo de 2017, se procedió a dictar por parte de (en ese entonces) presidenta del Cabildo, María Belén Allende Riera, un decreto de declaración de emergencia de ejecución de las obras de la carretera HI-500, tras haberse emitido propuesta de dicha resolución por parte  Luciano Eutimio Armas Morales como consejero”, recoge el documento de la Fiscalía.

En este decreto, según recoge el oficio de la Fiscalía, “se puso de manifiesto el informe por el Jefe de la Unidad Operativa de Carreteras, en el que se hacía alusión a una serie de desprendimientos desde 2015 en el citado tramo de carretera, interesando a que se declarase la emergencia de la ejecución de las obras y que se procediera 'de inmediato' con la ejecución de los mismos…”.

La realización de estas obras supuso un coste económico de 1.651.985,42 euros. 

El 26 de septiembre de 2017, los servicios de Intervención del Cabildo de El Hierro, “a la vista del expediente y de la relación de gasto presentada “ informaba negativamente por entender que no se daba el requisito de inmediatez de las obras, que estas obras de emergencia habían continuado con posterioridad el cese de esta situación, un hecho acreditado con la apertura de la vía; y, finalmente, consideraba que “no se justifica que las actuaciones realizadas fueran las indispensables para remediar el grave peligro…”.

Tras el informe negativo de Intervención, el director facultativo de las obras emitía otro dando por subsanados los reparos alegados por Intervención, lo que provocó la emisión de otro decreto de continuidad de las obras.

A tenor de estos hechos, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ve la “posible existencia de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, cometido por Luciano Eutimio Armas Morales y María Belén Allende Riera” y los llama a declarar en el Juzgado de Valverde en calidad de investigados.

También, la Fiscalía ha citado a declarar en calidad de testigos al director facultativo de las obras y a un técnico de Obras.